El día de hoy, Credit Suisse publicó un reporte enfocado a aspectos macroeconómicos de Perú, argumentando que debido a que la economía continuó desacelerándose en mayo, decidieron recortar la previsión anual de crecimiento del PIB del 2014 desde 4.9% a 4.3%. Las principales fuentes de desaceleración parecen estar relacionadas con problemas de suministro secundarios, mientras que los indicadores de la demanda son mixtos, agregaron.
A modo de resumen de los últimos hechos relevantes para la economía nacional, se menciona en el reporte que:
(1) El gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para estimular la inversión del sector privado junto con otros decretos de emergencia, mientras que el banco central redujo su tasa de política en 25pbs a 3.75% el 10 de julio. Por lo que Credit Suisse prevé que las acciones de política tendrán un impacto positivo en el medio plazo; y que en el corto plazo, sin embargo, la economía probablemente continuará mostrando un crecimiento débil.
(2) Moddy’s aumentó el rating soberano de Perú a A3. Según Credit Suisse, este ascenso de dos grados es demasiado generoso, por lo que encuentran poco probable que S&P y Fitch vayan a seguir este ejemplo y puedan darle una calificación de A a Perú en el corto plazo.
(3) En términos anuales, la economía se ha expandido a una tasa promedio de 3.6% hasta mayo. El pobre desempeño del sector minero según el INEI se ha atribuido al pobre performance atribuido a los malos resultados en el trabajo de mantenimiento de las minas, además de los precios internacionales más bajos. Sin embargo, se espera que la producción minera se fortalezca en los próximos meses con los nuevos proyectos que se ejecutarán pronto; mientras existe optimismo con respecto a la mejora en el rendimiento del sector construcción.
(4) La inversión se ha visto afectada por una débil confianza empresarial, principalmente por las barreras que existe a la oferta. Los principales pilares del proyecto de ley presentado por el gobierno son la revisión de los códigos de impuesto, incentivar la inversión y reducir los costos laborales indirectos para el sector privado. A esto se le suma mayor flexibilidad con algunas regulaciones ambientales con el objetivo de desbloquear alrededor de 11 mil millones de dólares de inversión en el sector minero e hidrocarburos.
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