La
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), considera necesario en favor de su lucha contra el lavado
de activos y financiamiento del terrorismo, que el Congreso de la República apruebe el proyecto
de Ley N° 794-2011; propuesta que le otorgaría acceso al secreto bancario
y reserva tributaria de los sujetos investigados.
Al respecto, Daniel Figallo, Viceministro de
Justicia, aseguró que el mencionado proyecto de ley sólo apunta a levantar el
secreto bancario y la reserva tributaria en situaciones especialmente sospechosas, lo que posibilitará además; ubicar importantes evasiones de impuestos. Destacó además, que la
seguridad del sistema financiero es fundamental para no afectar la economía
peruana y evitar el financiamiento al terrorismo. Para Figallo, el dinero que
ha sido obtenido de manera ilegal no debería formar parte del secreto bancario;
por lo que la propuesta en su opinión, no es inconstitucional ya que no
vulnera los derechos de reserva bancaria de las personas.
Este proyecto de ley, sumado a las
modificatorias realizadas a
las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo (de las que dimos cuenta en nuestro post anterior), está orientado a cumplir con las exigencias y recomendaciones
del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) que comprende la identificación, evaluación y
entendimiento de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo que enfrentan. La UIF es evaluada por el GAFI, que es un Organismo Intergubernamental que emite recomendaciones y establece estándares
internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo.
El GAFI evaluará en el 2014 nuevamente al Perú, revisando
que se hayan atendido las observaciones que se plantearan en la última evaluación del 2008; esto implica que la UIF acceda al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Según el Jefe de la UIF Sergio Espinoza, de no ser así, nuestro país entrará en una lista negra, lo que traerá consecuencias negativas para el acceso a
Líneas de Crédito internacional y mayores dificultades para la dinamización del Comercio Internacional y las exportaciones, afectando negativamente, nuestra actual calificación de Riesgo de
Inversión como país.
Si bien es cierto que estás
medidas ya vienen siendo aplicadas en otros países del mundo y ello les ha permitido agilizar los procesos de investigación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; consideramos que en el Perú aún no
tenemos sentadas las bases que permitan manejar ésta información
que es especialmente sensible.
No obstante lo expresado, somos conscientes que en algún momento se deben otorgar a la UIF estas facultades, pero consideramos que por el momento resulta más urgente y necesario agilizar los procedimientos actuales, además de implementar diversas
herramientas aún inactivas que le permitan acceder a distintos tipos de información y lograr una gestión preventiva que sea vista como un sistema integral y que involucre en un mismo sentido, a todos los actores que tienen injerencia en esta tarea.
En la
actualidad, la UIF de nuestro país, es un ente que enfrenta diversas limitaciones para realizar su importante
labor, por ello, creemos conveniente que se debe llevar a cabo una implementación progresiva
de todos los instrumentos y normas que le permitan mejorar y facilitar su éxito en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo para luego de ello, poder aplicar de una manera efectiva, las recomendaciones internacionales planteadas por el GAFI.
Estamos seguros que este importante debate continuará en los próximos días.
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